Se considera un territorio como "ocupado" cuando se encuentra de hecho colocado bajo la autoridad de fuerzas armadas extranjeras, en forma parcial o total, sin el consentimiento del Gobierno nacional. La ocupación no se extiende más que a los territorios donde dicha autoridad se halla establecida y con medios para ser ejecutada.

El derecho internacional humanitario (DIH) es aplicable a todas las situaciones en las que se cumplen estas condiciones, sin importar las razones y los motivos de la ocupación (por ejemplo, la intención declarada de "liberar" a la población de un país) e independientemente de su legitimidad en virtud del derecho internacional.

Las principales fuentes del derecho moderno sobre la ocupación son los Reglamentos de La Haya de 1907, el IV Convenio de Ginebra de 1949 y algunas disposiciones del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949, de 1977.

 La situación de ocupación confiere tanto derechos como obligaciones a la Potencia ocupante. Sin embargo, a pesar de que una situación de ocupación puede, de hecho, impedir que un gobierno ejerza soberanía sobre la totalidad o una parte de su territorio, ello no confiere derechos soberanos al ocupante. La ocupación es, por definición, una situación temporal que afecta los derechos soberanos del pueblo sometido a la ocupación, pero no los restringe ni los suprime.

Cuando el ocupante ha establecido un control efectivo sobre un territorio, debe restablecer y asegurar, en cuanto sea posible, el orden público y la seguridad, respetando, salvo imposibilidad absoluta, las leyes vigentes en el territorio ocupado.

Además de las normas previstas en el derecho internacional humanitario, la Potencia ocupante debe respetar el derecho de los derechos humanos y el derecho nacional, con ciertas excepciones.

Para más información, véase:

Civiles en poder del enemigo y derecho internacional humanitario