En una declaración publicada el 15 de marzo, en respuesta al informe de 2007 del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que el CICR "confirmaba una marcada tendencia a la baja en el número de desapariciones y de matanzas inexplicables (…) durante el segundo y tercer trimestre de 2007". El Ministerio de Relaciones Exteriores hablaba de "mejoras sobre el terreno", basándose particularmente en las observaciones del CICR. En la declaración también se indicaba que la embajada de Estados Unidos tenía acceso a los informes confidenciales del CICR.

El CICR deplora el que se hayan publicado y divulgado informes confidenciales presentados exclusivamente a las autoridades srilanquesas, y que el Ministerio de Relaciones Exteriores haya distorsionado sus conclusiones generales y su diálogo con el Gobierno.

"Las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forman parte de los terribles abusos que se registran en Sri Lanka, y ha de ponérseles término," dijo Jacques de Maio, jefe de Actividades Operacionales del CICR para Asia del Sur. "El CICR se esfuerza por lograrlo a través de su diálogo confidencial y directo con las autoridades concernidas. Por esa razón, preferimos no entablar un debate público sobre el número de desapariciones en Sri Lanka."

El CICR desempeña el cometido internacional de prestar protección y asistencia a las víctimas de conflictos armados y de otras situaciones de violencia en todo el mundo y, como organización exclusivamente humanitaria, lo hace de manera estrictamente neutral e imparcial.

En Sri Lanka, el CICR mantiene un diálogo permanente con las partes en el conflicto, incluido el Gobierno y los Tigres de Liberación del Eelam Tamil, en relación con las violaciones del derecho internacional humanitario, como las desapariciones forzadas. La Institución les insta a tomar todas las medidas necesarias para poner término a las violaciones y para evitar que se reproduzcan.

El CICR reafirma su compromiso de mantener los contactos confidenciales con el Gobierno, pues es la forma más eficaz de que dispone para ayudar a las víctimas de violaciones del derecho internacional humanitario y a sus familiares.